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Según el mencionado estudio,en 2005 habría unas 23.640 firmas en Lugo los autores toman como referencia el crecimiento medio en la provincia del número de empresas en los últimos diez años, y 2.841 tenían los ficheros inscritos en el registro dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD), por lo que resulta un índice del 12,02%. Pese a tratarse de una tasa bastante superior a la del resto de las provincias gallegas en 2004, la de A Coruña apenas superaba el 7% y Ourense y Pontevedra, el 4%, todavía es muy baja, una situación que los autores del estudio atribuyen a un cierto pasotismo tanto de la Administración como de las empresas. No es lógico que, después de 15 años con una normativa específica, estemos con unos índices tan bajos, señalan. Legislación La primera ley específica sobre protección de datos en España es de 1992, aunque la Constitución ya dice que se limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. No obstante, una directiva europea de 1995 obligó al Gobierno español a adaptar la normativa, por lo que en 1999 se aprobó la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Así pues, cualquier empresa, asociación o entidad que maneje información sobre personas físicas está obligada a protegerla. Según el tipo de datos, existen varios niveles de seguridad (básico, medio y alto), que exigen diferentes medidas de protección, aunque la común a todos es la inscrición de los ficheros con datos de carácter personal en el registro general dependiente de la AGPD. Ésta es la protección más habitual que se lleva a cabo en las empresas lucenses, al igual que en el resto de las españolas, pese a que la ley exige la adopción de otras medidas de seguridad complementarias. Si se toma como referencia el índice de empresas con los ficheros registrados para analizar el grado de cumplimiento de la ley, Lugo está, con un 8,62% en el 2004, por encima de la media gallega, 5,97%, y de la nacional, del 2,35%. En todo caso, son tasas bajas pese a que España es, junto a Italia, uno de los países del mundo con la normativa más estricta y con uno de los regímenes sancionadores más duros. Así, las multas pueden ir desde los 600 euros, en caso de infracciones leves, a los 600.000, para las muy graves, aunque parece que la actividad inspectora no es suficientemente intensa como para intimidar a las empresas. |